Uno de los procesos sociales más significativos del siglo XIX fue sin duda la aparición y desarrollo de la radio y la televisión como medios masivos de comunicación.
En México, las transmisiones por parte de estaciones comerciales tuvieron sus inicios en 1930, en el caso de la radio, y en 1950, en el caso de la televisión. Desde esos momentos, los nuevos medios dejaron de ver que sus capacidades de comunicación superaban notablemente las de cualquier otro medio que operara en aquel momento, como la prensa o el telégrafo.
Los medios electrónicos podían llegar de manera instantánea –literalmente a la velocidad de la luz- y simultáneamente a miles de personas ubicadas en lugares distintos y no exigían de sus receptores el ejercicio de ningún tipo de habilidad o actividad específica, como podría ser leer o salir de la casa para comprar un periódico o enviar un telegrama.
Uno de los usos más evidentes que estos medios tuvieron en sus inicios fue el de instrumentos de difusión de publicidad comercial, que por primera vez permitía utilizar sonidos e imágenes en el proceso de convencer a los potenciales consumidores de las virtudes de distintos productos.
Su potencialidad de comunicación iba mucho más allá de la simple transmisión de información. Dadas sus distintas características, la radio y la televisión rápidamente exhibieron su capacidad para orientar las opiniones e incluso los gustos y las preferencias de distinta naturaleza de su auditorio. No se trataba simplemente de instrumentos de información, sino de una nueva voz social escuchada, vista y atendida con un elevado grado de confianza en sus mensajes y, por tanto, con una gran influencia en la sociedad.
Desde un principio, estas potencialidades fueron entendidas y tomadas en cuenta por el Estado, que actuó en relación con ellas en tres sentidos principales:
Como administrador de los bienes de la nación, el Estado estableció mecanismos de control para el establecimiento y operación de transmisoras de radio y televisión, basándose en el hecho de que éstas para su funcionamiento requieren, necesariamente, del uso del espacio aéreo nacional.
Como institución autoritaria de control político, estableció restricciones y acuerdos con los operadores de los medios, de forma tal que su influencia social no rebasara los límites de los intereses políticos oficiales.
En tanto actor político, hizo uso de esta capacidad comunicativa para promover sus propios puntos de vista e intereses.
Con estas orientaciones, el Gobierno mexicano participó activamente en el proceso de establecimiento de la radio y la televisión en el país desde sus primeros momentos.
Durante los regímenes priistas, el Gobierno tuvo capacidad absoluta para decidir sobre el establecimiento de cualquier estación de radio y televisión. Esto se logró sujetando dicho establecimiento a la obtención de una concesión –en el caso de estaciones comerciales- o de un permiso- en todos los demás casos- otorgados por el Gobierno.
Este sistema, que continúa vigente, también da al Gobierno amplias facultades para retirar las concesiones o permisos en cualquier momento. Asimismo, se establecieron legalmente instrumentos normativos que permitieron al Gobierno controlar el contenido de las transmisiones, con amplia discrecionalidad.
Durante décadas, este sistema garantizó un fuerte control estatal de las transmisiones comerciales de radio y televisión. El Estado disponía, de este modo, de un instrumento publicitario y propagandístico de gran efectividad. El control oficial permitía la constante transmisión de noticias y opiniones favorables al desempeño del Gobierno, la limitación y supresión sistemática de noticias y opiniones contrarias y amplios espacios directamente utilizados en publicidad oficial o en la transmisión de actos gubernamentales relevantes, como los informes presidenciales.
A cambio de estas acciones a favor del Gobierno y su partido, los concesionarios de los medios electrónicos de comunicación obtuvieron privilegios muy importantes:
A través del sistema de concesiones se eliminó en la práctica la competencia en ese sector de la economía. Las concesiones se fueron otorgando a un número muy limitado de particulares, especialmente en el caso de la televisión.
Se les permitió el pago en especie de la totalidad del impuesto derivado del uso de un bien nacional –el espacio aéreo-. Dicho pago se estableció en el uso oficial del 12.5% del tiempo de transmisión de cada estación, y
El gobierno comenzó la adquisición sistemática y creciente de publicidad en los medios electrónicos.
Con el paso del tiempo, y como parte de las demandas sociales generales de apertura política, el control estatal de las transmisiones de radio y televisión se hizo objeto de fuertes críticas. En la década de los ochenta, y particularmente a partir del proceso de elección presidencial de 1988, la política oficialista de los medios llevó a distintos tipos de protestas públicas, desde plantones enfrente de las estaciones, hasta intentos de boicot a algunos de los principales noticieros de televisión, invitando a la población a no verlos.
Como resultado de la crisis electoral de ese mismo año y de las crecientes presiones de democratización que se vivían en el país, los medios masivos de comunicación comenzaron tímidos procesos de apertura en sus transmisiones. Cada vez con mayor frecuencia podían escucharse opiniones políticas disidentes y se expresaban críticas a las políticas oficiales. Sin embargo, esta apertura nunca afectó gravemente el contenido principalmente oficialista del conjunto de la programación que la radio y la televisión tenían en esos años.
Esto, desde luego, no significa que no se pudieran encontrar voces o incluso permisionarios que en el conjunto adoptaban posiciones distintas a los posiciones gubernamentales, pero sí que las estaciones con mayor influencia –en especial televisión-siguieron orientando sus contenidos noticiosos y de opinión a favorecer en forma clara las políticas oficiales e incluso, a desacreditar las distintas expresiones opositoras, en lo político y en lo social. En términos generales, los concesionarios mantuvieron sus acuerdos políticos y comerciales con los gobiernos priistas. Esta situación se mantuvo, con algunas variaciones y modestos gestos de apertura, durante los sexenios siguientes.
Cuando en 2000 accedió a la Presidencia de la República por primera vez un partido distinto del PRI, el sistema de partido de Estado llegó a su fin. Con él, el viejo sistema de control oficial sobre las transmisiones de radio y televisión dejó de funcionar como lo había hecho durante décadas. Sin embargo, las bases legales del sistema se mantuvieron y produjeron nuevos fenómenos y procesos.
El viejo mecanismo de concesiones y permisos se mantuvo y, desde luego, conservaron su vigencia las concesiones que ya habían sido otorgadas. Esto mantuvo el mercado de la radiodifusión cerrado a la competencia: sólo podían participar en él quienes ya habían sido beneficiados con esa autorización por los anteriores gobiernos.
Por otra parte, bajo las nuevas condiciones políticas de apertura democrática, el Gobierno perdió sus capacidades de control sobre las estaciones de radio y televisión, capacidades que pasaron a ser socialmente percibidas como ilegítimas aunque, dentro de ciertos límites, mantuvieron su base legal. Las posibilidades del Gobierno de retirar concesiones sin causa justificada, de censurar las transmisiones o de forzar a la difusión de información y opiniones favorables a sus políticas, se convirtieron en actos potenciales capaces de despertar muy fuertes críticas sociales y reacciones políticas de distinto nivel entre los demás actores políticos, principalmente los partidos y el Congreso.
El conjunto de los medios de comunicación de masas se conservó como el poderoso instrumento publicitario utilizado por el viejo régimen de partido de Estado, pero sin un Estado capaz ya de controlarlo. Ese espacio de poder discrecional del Gobierno quedaba así depositado en manos de unos cuantos particulares.
El vacío producido por la ausencia de nuevos mecanismos normativos de la actividad de los medios electrónicos generó un proceso de búsqueda por parte de los actores políticos, de acuerdos particulares con los concesionarios que, como resultado, favorecieran en sus transmisiones los puntos de vista de unos u otros.
El viejo aparato de medios de comunicación del sistema de partido de Estado disponía ahora de una gran autonomía frente a los actores políticos, a grado tal que podía imponerles sus propias condiciones tanto políticas como económicas. En 2002, el Gobierno Federal y los concesionarios, encabezados por los empresarios de la televisión, establecieron un nuevo acuerdo que significó la reducción drástica del impuesto por el uso del espacio aéreo que el Gobierno venía cobrando con el 12.5% de los tiempos de transmisión, y que pasó a ser de 18 minutos al día para los concesionarios de televisión y de 30 para los de radio.
Simultáneamente, el Gobierno garantizó a su contraparte que no se expediría ninguna nueva concesión durante el resto del sexenio, evitándoles la posibilidad de enfrentar competencia comercial. En la práctica, esta decisión aseguró a las dos compañías propietarias de la gran mayoría de las estaciones de televisión –Televisa y Televisión Azteca- el control duopólico del mercado, con la protección el Estado. El acuerdo incluyó también mantener la adquisición de publicidad radiofónica y televisiva por parte del Gobierno en montos anuales multimillonarios.
Por su parte, los concesionarios dieron al Gobierno acceso privilegiado a sus espacios informativos y coordinaron con éste campañas publicitarias de diverso tipo, a favor de sus distintas políticas y de los proyectos de su partido.
En 2006, a través de una controvertida reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, los grandes concesionarios logaron diversos privilegios. Entre ellos se destaca la conservación gratuita de sus viejos rangos de frecuencias para el nuevo modelo tecnológico de televisión digital. Las tecnologías digitales permiten la transmisión de un mucho mayor número de canales utilizando los mismos rangos de frecuencia, con lo que las empresas ya dominantes podrían ampliar todavía más su participación en la radiodifusión, sin tener que pagar por ese derecho. Esta reforma fue posteriormente invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que en la actualidad el futuro de la televisión digital en México está por definirse.
Finalmente en 2007, el Congreso aprobó reformas a la Constitución y al Código Electoral prohibiendo la contratación de publicidad electoral por parte de los partidos, con el fin de impedir tanto el desbordado gasto que éstos venían haciendo en este renglón, como para evitar la reducción de las campañas a competencias publicitarias.
Los privilegios legales y extralegales de los que gozan los concesionarios y la falta de instrumentos para que la sociedad pueda cuestionar e influir en el desempeño de la radio y la televisión han dado un nuevo impulso a las fuertes críticas que pesan sobre el sistema de medios electrónicos de comunicación en nuestro país y ha intensificado los reclamos de diversos actores sociales y políticos para el establecimiento de un nuevo sistema.
Desde luego, cualquier nuevo orden que la sociedad establezca para el funcionamiento de los medios electrónicos de comunicación tendrá que partir del total reconocimiento a la libertad de expresión, que es uno de los más importantes derechos individuales en cualquier sociedad democrática.
SABÍA QUE… Hace cuarenta años sólo había un canal de televisión de alcance nacional.
Junto con este derecho, el nuevo sistema político que está en proceso de construcción en nuestro país debe garantizar que instrumentos con el poder de influencia pública que tienen los medios de comunicación sean utilizados en beneficio de la sociedad y respetando el conjunto de los derechos individuales y sociales que hoy se tienen. Pongamos atención en algunos de los elementos que son necesarios para lograr estos objetivos. Sin duda alguna, un instrumento que debe modificarse de manera urgente es el sistema de concesiones y permisos. La pluralidad política en México y la diversidad social que tiene no se pueden ver adecuadamente reflejadas en un sistema monopólico dominado por sólo dos empresas de televisión. Es conveniente dar paso a mecanismos que permitan realizar transmisiones de radio y televisión a un número mucho mayor de actores sociales, tanto empresarios en lo particular como asociaciones e instituciones con intereses de diverso tipo, incluyendo universidades, comunidades indígenas, organizaciones sindicales, partidos políticos e instituciones de gobierno, entre otras muchas.
Evidentemente, el Estado deberá mantener, en cualquier escenario, instrumentos de control y regulación sobre el establecimiento y funcionamiento de estaciones difusoras, tanto porque, en efecto, utilizan un bien nacional para la realización de sus actividades, como porque sólo existe un número limitado de canales de radio y televisión destinados al uso público, y éstos tiene que asignarse a un número potencialmente ilimitado de difusores. Sólo puede corresponder a una institución pública decidir a quiénes se puede permitir el uso de esos canales, y desde luego este tipo de decisiones no debe darse más, como ha ocurrido hasta la fecha, sobre la base de discrecionalidad y los intereses políticos y económicos de quienes se encuentren en el gobierno, sino sobre la base de la mejor satisfacción de los intereses de la sociedad, incluyendo el de la pluralidad política y social.
Al mismo tiempo, la sociedad y los ciudadanos deben disponer de instrumentos legales para exigir a los medios de comunicación que la información que transmiten sea verdad, que no se oculte información con el fin de privilegiar ningún tipo de intereses, que quien sea personalmente atacado por cualquier razón tenga el derecho a responder por los mismos medios y que la programación que se transmite de manera abierta a través del espacio aéreo satisfaga mínimos de calidad y pertinencia social.
El nuevo poder de los medios de comunicación sólo puede justificarse en una sociedad democrática si también se encuadra dentro de los principios de la equidad, la libertad y la pluralidad. El funcionamiento de un sistema de medios de comunicación en unas cuantas manos sólo postergará el logro de un nuevo sistema político mexicano plural y democrático.
NOTA:
A MANERA DE CONCLUSIÓN, REDACTA EN 10 LÍNEAS EN TU CUADERNO DE TRABAJO LO QUE MÁS TE IMPACTÓ DE LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO. ¡SUERTE!
